La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrenta en la semana que se inicia este lunes una verdadera prueba de fuego, con dos votaciones decisivas, en sus esfuerzos para impedir que el Congreso le abra un juicio político con fines destituyentes.

El Gobierno y la oposición siguieron este domingo cabildeando votos de cara a la votación de este lunes, en la que la Comisión Especial de 65 diputados creada por el Congreso para definir si existen méritos jurídicos para el probable juicio decidirá si aprueba en que su instructor recomienda darle continuidad al proceso.

Como ambas partes dan por hecho que la apertura del juicio será respaldada por la Comisión Especial, las negociaciones tienen como fondo la votación inicialmente prevista para el próximo viernes, que puede prolongarse a sábado y a domingo, en que el plenario de la Cámara de Diputados se pronunciará sobre el juicio.

El proceso seguirá adelante si es apoyado el lunes por la mayoría simple en la Comisión Especial pero solo será remitido al Senado con el respaldo de la mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos) en el plenario de la Cámara baja.

Es decir que la jefe de Estado necesita que 172 diputados voten contra la apertura del juicio político, se abstengan o se ausenten el día de la votación para obligar a la dirección de la Cámara de Diputados a archivar el proceso.

Al menos cuatro partidos que suman 94 votos ya se pronunciaron claramente en favor de Rousseff: el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), con 57 diputados; el Partido Democrático Laborista (PDT), con 20; el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), con 11, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con seis.

Rousseff también cuenta con el apoyo de disidentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB), la mayor fuerza en la Cámara Baja (67 diputados), presidida por el vicepresidente Michel Temer y que anunció el mes pasado su ruptura con el Gobierno.

Pese a esa ruptura, seis de los siete ministros del PMDB continúan en el Gabinete y han dicho que cabildean votos favorables al Gobierno.

El Partido Progresista (PP), tercera mayor formación en la Cámara baja con 48 diputados, también anunció su apoyo al Gobierno aunque, según su presidente, Ciro Nogueira, no votará en bloque contra el posible juicio político por contar con algunos disidentes.

El Gobierno está intentando garantizar los votos que le faltan entre partidos medianos de centro a los que, como al PP, les ofreció mayor participación en el Gabinete y la posibilidad de ocupar los cargos dejados por el PMDB.

Los esfuerzos están centrados en formaciones como el Partido de la República (PR), el Partido Social Democrático (PSD) y el Partido Republicano Brasileño (PRB), que cuentan con un poco más de un centenar de diputados y que están divididos frente al juicio.

Según versiones de prensa, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien Rousseff designó como su ministro de la Presidencia pero cuyo nombramiento fue suspendido por una cautelar, es quien comanda las negociaciones con estos partidos, que se centran principalmente en cargos.

Ningún partido se arriesga a pronosticar un resultado y los sondeos muestran que el triunfo será para quien consiga convencer a los indecisos de última hora.

Según el resultado este domingo de un sondeo entre diputados que el diario O Estado de Sao Paulo actualiza diariamente, 287 legisladores son partidarios del juicio, 115 son contrarios, 61 se dicen indecisos y 50 se niegan a declarar su voto.

Pero si el resultado de la votación en el plenario de la Cámara de Diputados es incierto, el de la Comisión Especial quedó evidente el viernes cuando, en un debate sobre el asunto en que participaron 61 diputados, 39 se pronunciaron por la apertura del juicio, 21 se dijeron contrarios y uno admitió estar indeciso.

El debate también dejó claro que, pese a que la comisión tiene que pronunciarse sobre si hay méritos jurídicos para la apertura del juicio, sus miembros prácticamente ignoraron las discusiones técnicas y prefirieron centrarse en los discursos políticos.

Los diputados favorables a enjuiciar a Rousseff hicieron en sus discursos más referencias a la falta de condiciones para gobernar de la presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y a la crisis económica del país.

Los que se oponen al proceso, por su parte, argumentaron que el juicio no pasa de un intento de golpe promovido por los sectores de la oposición derrotados en las presidenciales de octubre de 2014.

En caso de que la Cámara baja le de luz verde al juicio, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, que es el plazo que tiene el Senado para juzgarla. En ese período sería sustituida por su vicepresidente, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si el Senado finalmente destituye a la mandataria.

EFE